WeCount Team
24 agosto 2021
Gracias a la digitalización de sus servicios y a la generalización de la presentación de impuestos a distancia, la Dirección General de Impuestos sigue reforzando sus equipos dedicados a la verificación de empresas y personas físicas mediante la redistribución de inspectores anteriormente asignados a los servicios de liquidación de impuestos. La administración fiscal ha decidido recientemente crear tres nuevas brigadas de verificación en la ciudad de Casablanca, Marruecos.
En vista de ello, todo indica que las inspecciónes fiscales deberían continuar su tendencia al alza en los próximos años. En efecto, aunque la normativa fiscal ofrece un cierto número de garantías al contribuyente durante la fase de inspección (carta del contribuyente, recurso administrativo y judicial, etc.), este procedimiento se vive a menudo como un acontecimiento traumático para las empresas o los particulares que se someten a él.
En este contexto, muchos responsables y empresarios se preguntan cuáles son los factores que pueden desencadenar una inspección fiscal , así como los medios para evitarla o limitar sus consecuencias.
Se trata de un procedimiento de verificación relativamente desconocido, pero cada vez más utilizado por la administración.
En caso de que el sistema de información de la administración detecte incoherencias, el inspector de Hacienda envía una solicitud de información al contribuyente:
Si las pruebas aportadas por el contribuyente son suficientes o si el contribuyente realiza espontáneamente una declaración rectificativa para subsanar las anomalías encontradas, el inspector cierra el expediente;
En caso contrario, el inspector inicia un procedimiento de tributación de oficio o propone una verificación fiscal in situ.
Este procedimiento, cada vez más favorecido por la administración tributaria, ha aportado así 3.440 millones de dírhams de ingresos en 2018, es decir, 6 veces más que lo recaudado en 2017, según el informe de actividad de la Dirección General de Impuestos correspondiente al año 2018.
Se trata del procedimiento de inspección "clásico", en el que el inspector de cuentas se desplaza a los locales de la empresa o el particular para comprobar sus cuentas y declaraciones fiscales de los últimos 4 años no prescritos.
La duración de la intervención del inspector es de 3 meses si el volumen de negocios del contribuyente es inferior o igual a 50 millones de dirhams y de 6 meses en el caso contrario.
Este procedimiento también ha experimentado un importante incremento, pasando de 3977 expedientes fiscalizados en 2017 a 7622 expedientes fiscalizados, lo que supone un aumento del 92%, según la memoria de actividad de 2018 de la Dirección General de Tributos.
Una inspección fiscal es un acontecimiento natural en la vida de una empresa. Los candidatos a ser auditados son, en principio, seleccionados al azar por el sistema de información y análisis de riesgos de la Dirección General de Tributos. Sin embargo, aunque es probable que todos los contribuyentes sean objeto de una inspección fiscal, ciertos criterios o acontecimientos pueden aumentar la probabilidad de una auditoría para determinadas empresas. Así, la experiencia ha demostrado que los criterios desencadenantes más recurrentes son los siguientes
Durante cada ejercicio, hacienda lanza campañas de auditoría nacionales o regionales dirigidas a un sector o una profesión concreta.
Por ejemplo, en los últimos años se han auditado las profesiones liberales, las clínicas, los promotores inmobiliarios, etc.
Dado que las declaraciones de impuestos son la "materia prima" sobre la que trabaja la administración fiscal, la administración considera que la presentación reiterada de declaraciones fuera de plazo o la presentación de declaraciones rectificativas son indicadores de contribuyentes de riesgo. Por lo tanto, es más probable que estos contribuyentes se sometan, como mínimo, a una inspección fiscal basada en documentos y, como máximo, a una inspección ampliada de sus cuentas.
La reciente interconexión del sistema de información de la administración tributaria con el de otras administraciones (como la administración de aduanas, el CNSS, la oficina de cambio de divisas o el registro de la propiedad) permite poner de manifiesto cualquier incoherencia en los datos facilitados por el contribuyente. Así, una discrepancia entre las importaciones declaradas a la aduana y las compras registradas en la contabilidad, o entre las retenciones pagadas y los pagos efectuados a los proveedores de servicios no residentes, registrados por la oficina de cambio, puede llevar a la administración a iniciar una comprobación de documentos o incluso una auditoría in situ.
Desde 2017, Hacienda tiende a apuntar a las empresas que llevan varios años declarando déficits crónicos significativos sin cesar su actividad. En efecto, el mantenimiento de un negocio que a priori está en pérdidas continuas despierta la sospecha de la administración sobre la existencia de ventas en negro o de una planificación fiscal agresiva.
El cotejo de las declaraciones de diferentes contribuyentes puede dar lugar a discrepancias que son investigadas por los inspectores fiscales y que pueden ser objeto de una comprobación documental. Por ejemplo, las autoridades fiscales realizan sistemáticamente y de forma automática pruebas de coherencia del IVA o concilian los datos contables del contribuyente con los datos de determinadas declaraciones, como la declaración de remuneraciones pagadas a terceros o la declaración de sueldos y salarios (comúnmente conocida como "declaración 9421").
Se trata de una situación en la que las autoridades fiscales auditan a una empresa que ya ha sido auditada para asegurarse de que las prácticas fiscales erróneas identificadas en una auditoría fiscal anterior han sido corregidas por el contribuyente.
La administración fiscal dispone de un cierto número de indicadores o "directrices" por sector agrupados en forma de monografías. Por ejemplo, unos ratios de rentabilidad demasiado bajos en relación con los estándares del sector pueden llevar a la administración a investigar más a fondo.
La realización de operaciones de liquidación o reestructuración (fusiones, aportaciones parciales de activos o escisiones) llevadas a cabo, en particular, en régimen de exención fiscal, va seguida casi sistemáticamente de una inspección fiscal.
La denuncia de un tercero (ex empleado, competidor, etc.) no conduce sistemáticamente a una auditoría fiscal, pero si la información proporcionada por el denunciante puede ser fácilmente corroborada con pruebas, puede desencadenar una inspección fiscal.
Es probable que este factor sea cada vez más importante en los próximos años y que repercuta especialmente en las filiales de las multinacionales y, en particular, en las que tienen una facturación mundial consolidada de más de 750 millones de euros.
De hecho, el gobierno marroquí ha firmado recientemente el Convenio Multilateral para la Aplicación de Medidas Relativas a los Tratados Fiscales para Prevenir la Erosión de la Base y el Traslado de Beneficios, más conocido como medidas anti-BEPS. Es cierto que este convenio aún no es efectivo, ya que está pendiente de ratificación, pero los contribuyentes deberían anticiparse ya a su implantación, ya que sus implicaciones podrían ser importantes, especialmente para los grupos multinacionales.
En primer lugar, hay que subrayar que sería inadecuado afirmar que existen métodos o trucos para evitar una auditoría fiscal, ya que los factores desencadenantes pueden ser muy variados y difíciles de controlar.
Sin embargo, es muy posible, e incluso necesario, estar siempre preparado para una auditoría fiscal, al tiempo que se ponen en marcha las herramientas para reducir la probabilidad de que se produzca y limitar sus consecuencias, si las hay. Desde el momento en que se crea la empresa, hay que prepararse para que este hecho se produzca en algún momento.
El cumplimiento estricto de las formalidades es la mejor manera de evitar una inspección y posibles reevaluaciones.
Dado que la materia prima de las declaraciones de impuestos son las cuentas, es importante asegurarse de que se conservan de forma irreprochable. En la jerga fiscal, una auditoría de impuestos también se llama "auditoría contable", y no por nada.
En la práctica, es habitual que se realicen ajustes a menudo importantes como consecuencia de anomalías o errores en la contabilidad de la empresa.
Es importante asegurarse de que las declaraciones de impuestos se preparan correctamente y se presentan a tiempo. También es importante garantizar la coherencia entre las distintas declaraciones para evitar posibles discrepancias.
Las grandes operaciones de reestructuración, enajenación o liquidación suelen ser seguidas muy de cerca por la administración. Por lo tanto, la estructuración de estas operaciones debe ser objeto de un apoyo riguroso desde el punto de vista jurídico, fiscal y contable. La consulta de expertos independientes en sentido ascendente permite al contribuyente asegurarse a priori de la conformidad de la operación de reestructuración que desea llevar a cabo, y a posteriori, en caso de auditoría fiscal, la opinión del experto atestiguada por un informe en debida forma sigue siendo un argumento de defensa apreciado por la administración.
La auditoría fiscal permite, por un lado, hacer una estimación cuantificada de los riesgos fiscales de la empresa durante el período abierto a la auditoría y, por otro, arrojar luz sobre sus malas prácticas fiscales. En otras palabras, se trata de una auditoría fiscal "en blanco" que permite a la empresa conocer su exposición en términos de riesgos fiscales y poner en marcha cualquier acción correctiva.
Eligir asesores que compartan la misma preocupación por el cumplimiento de las normas puede ser una verdadera ventaja para protegerse de los riesgos fiscales. Además de que un proveedor de servicios rigurosamente organizado le proporcionará pruebas completas y válidas de las transacciones y no provocará retrasos o errores en la contabilidad de sus transacciones con él, suele ser el mejor embajador del contribuyente ante la administración, ya que un entorno transparente es una garantía de confianza para la administración.
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